El nuevo régimen simplificado para microempresas que impulsa el Gobierno con el propósito de lograr el blanqueo de alrededor de un millón de trabajadores informales fijará dos tarifas de pago único, que serán determinadas en base al nivel salarial hasta un tope que rondará los $6.000 y garantizarán los actuales aportes a la seguridad social.

La medida, cuyos detalles el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, buscará consensuar mañana con las principales cámaras empresarias y con las cúpulas de la CGT y la CTA afines al oficialismo durante la comisión de Trabajo no Registrado creada en el marco del diálogo tripartito, establecerá una tarifa específica para las microempresas que registren trabajadores con salarios de hasta 4.500 pesos.

En cambio, habrá otro pago único para el caso de que el personal blanqueado perciba sueldos entre ese monto y el tope de $6.000 (o el equivalente a dos salarios mínimos), según confiaron fuentes de la cartera laboral a El Cronista.

Además, los voceros ratificaron que el beneficio se aplicará únicamente a empresas de entre 3 y 5 trabajadores, con lo que quedarán expresamente excluidas las pyme –a contramarcha de lo que reclamaban las cámaras empresarias– y se mantendrá el actual nivel de los aportes a la obra social y convencionales, como habían solicitado las centrales sindicales apenas conocieron la iniciativa.

Ese último punto fue uno de los ejes de la reunión que el lunes Tomada mantuvo con un grupo de referentes de la cúpula de la CGT oficial, encabezado por Antonio Caló, que también planteó otros reparos sobre la iniciativa. Según fuentes sindicales, la CGT aspira a que el beneficio se limite a microempresas de hasta 3 trabajadores y que se reduzca el tope salarial establecido para el régimen de pago único.

También persisten cuestionamientos en el sector empresario, que irá a la cita de mañana a las 16hs con el pedido de que se amplíe el beneficio a las Pymes de más de 5 trabajadores. Su argumento es que la propuesta oficial deja afuera a muchas firmas y alienta a que se genere “competencia desleal” entre las que cumplen con los requisitos y las que no.

En ese sentido, la propuesta de la UIA, que será avalada por la CGERA, plantea que queden incluidas todas las empresas Pymes –considerada toda empresa que factura hasta $ 186 millones anuales– por los primeros cinco trabajadores registrados. De esa manera, argumentan los empresarios, no habrá tensiones entre las micropymes que tengan 5 trabajadores y las que empleen más personal.

Pese a las diferencias expresadas por sindicalistas y empresarios, desde el Gobierno destacaron que “en esencia hay acuerdo” sobre el objetivo de fondo de la iniciativa. “Lo que se pretende es regular la economía de subsistencia. Vamos a hacer todo el esfuerzo para lograr el mayor consenso, pero esto es una propuesta del Gobierno que va a salir igual”, afirmaron desde la cartera laboral.