Mediante la Resolución (UIF) 11/2012 el Organismo estableció los procedimientos y medidas que deberán aplicar las cooperativas y mutuales con el fin de prevenir, detectar y reportar los actos, u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Las disposiciones de la norma alcanza a las entidades cooperativas que realicen operaciones de crédito, sujetas al régimen de la Ley Nº 20.337 y las entidades que prestan el servicio de gestión de préstamos regulado por la Resolución INAES Nº 1481/09.
