El Gobierno aspira a -por lo menos- regularizar a cerca de 200.000 trabajadores de los casi 4,7 millones de empleados informales que existen en el país. Luego de los incidentes registrados en el debate en el Congreso por la reforma previsional, el Ejecutivo decidió postergar el debate de la reforma laboral. Sin embargo, la discusión llegará durante 2018. El proyecto impulsa una condonación de deuda para aquellos empleadores privados que regularicen la situación de sus trabajadores. Los empleados podrán contabilizar hasta cinco años de aportes para su jubilación y obtendrán todos los beneficios de la antigüedad en el puesto.

Pero además, según un brief que circuló entre los medios, se fortalecerán los mecanismos de lucha contra la informalidad, se clarificará el concepto de registración laboral y se establecerían multas por la no registración que serán giradas a la seguridad social. Al mismo tiempo, dentro del paquete fiscal que se debate en el Congreso se incorporaron bajas en las contribuciones patronales a través de un mínimo no imponible para algunas firmas. "Tenemos una meta razonable de 200.000 trabajadores", anticipó José Anchorena, subsecretario de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo en el último encuentro del año con la prensa para informar sobre datos del mercado de trabajo. En Trabajo advirtieron que será difícil establecer los "blanqueados puros", ya que con los incentivos que habrá a través de otras herramientas muchos se sentirán tentados de registrar a sus empleados en negro como empleados nuevos.